Por: Fernanda Hernández
La nueva Ley contempla una Clave Única Catastral y mecanismos para vincular la información de los inmuebles
El Senado de la República aprobó la expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que busca modernizar los catastros y registros públicos de la propiedad en México, así como establecer mecanismos para mejorar la identificación de los inmuebles y fortalecer la certeza jurídica sobre su propiedad.
El dictamen, aprobado el 14 de octubre y remitido al Ejecutivo federal, establece bases de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para homologar, actualizar e intercambiar información catastral y registral mediante herramientas tecnológicas.
Entre los principales objetivos de la ley se encuentra atender las inconsistencias que actualmente pueden existir entre los catastros municipales y los registros públicos de la propiedad, cuyos datos no siempre coinciden respecto a la identificación, características o situación jurídica de un mismo inmueble.
¿Qué cambiará con la nueva ley catastral?
Uno de los principales instrumentos previstos en la legislación es la Clave Única Catastral, que permitirá identificar los inmuebles mediante un registro estandarizado.
También se contempla la creación de la Cédula Única Catastral y Registral, que reunirá información mínima sobre la identificación y ubicación de los predios, con el propósito de vincular los datos catastrales con los registros de propiedad.
Asimismo, se establecerá un Plan Nacional Catastral, encargado de definir las directrices y prioridades para modernizar los sistemas catastrales del país, mejorar la calidad de la información y fortalecer la coordinación institucional.
La legislación también prevé una plataforma tecnológica para facilitar el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno, así como la actualización de la cartografía utilizada para identificar los inmuebles.
Estas herramientas buscan reducir las diferencias entre bases de datos, facilitar la detección de inconsistencias y mejorar los procedimientos administrativos relacionados con los bienes inmuebles.
En este sentido, Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, señaló que la nueva ley pretende generar información más confiable sobre los propietarios, las características de los predios y su situación registral.
Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, destacó que la legislación establece bases comunes para que las autoridades puedan intercambiar información e identificar posibles errores para su corrección conforme a la ley.
Certeza jurídica y modernización inmobiliaria
La vinculación entre catastros y registros públicos constituye uno de los principales alcances de la legislación, debido a que ambos sistemas concentran información relevante para la identificación de los inmuebles y la acreditación de los derechos de propiedad.
Mientras los catastros contienen información sobre la ubicación, dimensiones y características de los predios, los registros públicos documentan actos jurídicos relacionados con su propiedad.
Sin embargo, las diferencias entre ambas bases de datos pueden generar dificultades durante trámites inmobiliarios, procesos de regularización y procedimientos administrativos.
Durante la discusión legislativa, la senadora Blanca Elizabeth Fiesco Díaz señaló que un mismo inmueble puede presentar información distinta en el catastro y el registro público, situación que puede complicar la acreditación de derechos, afectar la recaudación municipal y generar condiciones que faciliten irregularidades.
La armonización de estos sistemas busca mejorar la disponibilidad y consistencia de la información territorial, aunque sus resultados dependerán de la implementación de los mecanismos previstos y de la capacidad operativa de las autoridades responsables.
Municipios enfrentan retos de implementación
Pese a los objetivos de modernización, la aprobación de la ley también generó cuestionamientos sobre sus implicaciones administrativas, financieras y tecnológicas para los municipios.
El senador Miguel Márquez Márquez planteó la necesidad de garantizar que la información catastral esté protegida frente a posibles usos indebidos o manipulaciones.
En tanto, Gabriel Elizondo Pérez advirtió que la implementación de los nuevos mecanismos podría requerir recursos adicionales para digitalizar sistemas y capacitar al personal municipal, además de expresar preocupaciones sobre la autonomía de los gobiernos locales.
Por su parte, Néstor Camarillo Medina señaló que la adaptación tecnológica y administrativa podría representar una carga para los municipios y eventualmente generar mayores costos para las familias.
Frente a estos cuestionamientos, legisladores que respaldaron el dictamen sostuvieron que la legislación busca fortalecer la coordinación institucional sin modificar las atribuciones municipales en materia de recaudación del impuesto predial.
Con su aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el proyecto fue remitido al Ejecutivo federal para continuar el procedimiento de promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La entrada en vigor y la implementación de sus disposiciones dependerán de lo establecido en el decreto correspondiente, así como del desarrollo de los instrumentos y mecanismos previstos para la modernización catastral y registral del país.
