Por: Fernanda Hernández
“Si no resolvemos el problema de las periferias irregulares, el tema va a ser muy grave para nuestros hijos y para nuestros nietos”, advirtió Iracheta
Durante su participación en el Tercer Congreso Nacional de las Comisiones Consultivas del Sector Trabajadores del Instituto del Fondo Nacional para Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Alfonso Iracheta Cenecorta afirmó que los asentamientos irregulares, ilegales y pobres en las periferias de las ciudades representan un tema de alta seguridad nacional.
El especialista explicó que, actualmente, cerca del 75% de la población mexicana habita en ciudades; no obstante, se estima que, para 2030 más de 140 millones de mexicanos vivirán en zonas urbanas, pero, la inmensa mayoría de esta población estará en condición de pobreza si no se cambian las políticas económicas, sociales y urbanas.
“Si no resolvemos el problema de las periferias pobres, irregulares, informales e ilegales que tenemos en nuestras ciudades, el tema va a ser muy grave para nuestros hijos y para nuestros nietos. Es un tema, entonces, de alta seguridad nacional el que enfrentemos”, advirtió.
Asimismo, Iracheta estimó que, con el incremento de la población urbana de 2015 a 2030, se requerirán entre 83,000 y 290,000 hectáreas de suelo para vivienda, según la densidad que se considere, que hoy a nivel nacional es de, en promedio, 23 viviendas por hectárea.
“El problema de la irregularidad en la tenencia de la tierra sigue siendo alto. Seguimos teniendo entre 7 y 8 millones de lotes irregulares, y casi 100,000 se agregan cada año porque no hay una oferta suficiente de suelo para las familias de menor ingreso”, dijo.
Iracheta indicó que lo anterior se debe a que, del año 2000 al 2018, el Gobierno Federal se marginó del desarrollo urbano y cedió al sector inmobiliario todas las decisiones importantes respecto a la administración de los usos de suelo; es decir dónde, cómo y qué construir.
Al mismo tiempo, muchos los gobiernos municipales no han sido capaces de concretar un proyecto de ciudad con sus habitantes y respetar los planes urbanos; lo cual ha ocasionado una planificación urbana deficiente y el predominio de la especulación respecto al suelo, que, a su vez, ha resultado en el crecimiento acelerado de los asentamientos irregulares y precarios.
“Como hay menos suelo urbanizado que el que se requiere, ¿qué es lo que pasa? Que los precios son altos y los más pobres son expulsados de la ciudad. Y no se requiere un policía para decirle a un pobre ‘no entres a esta ciudad’, basta con que se informe sobre cuánto cuesta un lote, cuánto cuesta una vivienda, la más barata en una zona consolidada de la ciudad, y verá que no tiene capacidad de pago; por lo tanto, tiene que buscar un lugar donde asentar a la familia. Y esto es lo que da pie al crecimiento sistemático de la informalidad”, detalló Iracheta.
Sobre lo que se debería de hacer frente a esta situación, el experto destacó, entre otras medidas, el ofrecer a la población de menores ingresos alternativas de suelo habitacional, a fin de garantizar el derecho a la ciudad y a la vivienda adecuada, además de detener el crecimiento de los asentamientos irregulares.
Para ello, propuso la creación, con intervención del Infonavit y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), de Polígonos de Urbanización Social, con los que anualmente se ofrezcan 1 millón de lotes bien localizados, sin riesgos y con certeza jurídica para la población de menores ingresos.
“Si del 2000 al 2018 se logró construir entre 500,000 y 700,000 viviendas sociales cada año, ¿qué tan difícil sería contar con 1 millón de lotes anuales, bien localizados, sin riesgos y con certeza jurídica para los más pobres? Es facilísimo, se requeriría poco dinero, porque esta población paga. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque los proyectos que tiene el Insus están limitados porque no hay recursos, porque no le interesa al gobierno, no le interesa el gobierno estatal ni al gobierno municipal”, aseveró Iracheta.
