Por: Fernanda Hernández
El funcionario afirmó que el acceso al suelo es la base para garantizar vivienda adecuada para todos los sectores de la población
La falta de una política pública sólida en materia de suelo es aún uno de los principales obstáculos para resolver los desafíos de vivienda y desarrollo urbano en México.
Así lo señaló José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante su participación en el Capítulo 3 de Liga Inmobiliaria.
De acuerdo con el funcionario, el acceso al suelo y los instrumentos que regulan su aprovechamiento constituyen el punto de partida para construir ciudades más ordenadas, impulsar vivienda asequible y generar mejores condiciones de desarrollo para la población.
“La gran problemática que hemos tenido históricamente en nuestro país es la falta de una política asertiva, una política pública robusta en materia de suelo y todo lo que implica alrededor del suelo.
“Si no tenemos criterios claros, si no tenemos mecanismos para acceso al suelo, para impulsar políticas basadas en el suelo, difícilmente vamos a lograr que las ciudades crezcan de forma ordenada y que tengamos vivienda adecuada para todas las personas”, afirmó.
El reto de coordinar la política territorial
Asimismo, Iracheta explicó que uno de los mayores desafíos para implementar una política territorial efectiva radica en la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, ya que las decisiones relacionadas con usos de suelo, permisos, licencias y regulación urbana corresponden principalmente a estados y municipios.
En este contexto, señaló que el papel de la federación consiste en orientar, acompañar y generar criterios comunes que permitan homologar políticas y marcos normativos a nivel local.
“Lo que encontramos muchas veces es mucha voluntad para hacer las cosas, pero una falta de capacidad técnica, administrativa, financiera o jurídica para ponerlas en práctica. Está la voluntad y con buen acompañamiento se puede hacer, pero muchas veces los gobiernos locales simplemente no tienen los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo”, indicó.
Por ello, destacó que la Sedatu ha fortalecido los programas de capacitación y acompañamiento dirigidos a autoridades municipales, con el objetivo de consolidar capacidades institucionales que permitan dar continuidad a las estrategias urbanas más allá de los cambios de administración.
Regular mejor, no necesariamente regular más
Durante su intervención, el subsecretario también advirtió que en muchas ciudades los procesos regulatorios se han vuelto cada vez más complejos y costosos, lo que ha impactado directamente en el valor del suelo y en la viabilidad de proyectos de vivienda social.
Según explicó, la acumulación de requisitos, restricciones y procedimientos ha contribuido a encarecer el desarrollo formal, limitando la oferta para los sectores de menores ingresos.
“Por diferentes razones hemos venido regulando cada vez más cómo, cuándo y dónde se hacen las cosas. Estoy de acuerdo en que se tiene que hacer, pero hemos llegado a extremos de ser tan inflexibles que el costo de producción, no sólo de la vivienda sino de cualquier intervención en la ciudad, se ha vuelto extremadamente alto”, señaló.
Esta situación, agregó, ha provocado que numerosas familias se vean obligadas a buscar alternativas habitacionales en zonas periféricas o en asentamientos irregulares, generando mayores costos sociales y urbanos en el largo plazo.
Como ejemplo, mencionó un estudio realizado en Hidalgo donde se identificó que dotar de infraestructura a un asentamiento irregular podía costar hasta ocho veces más que realizar la misma inversión en una zona urbana consolidada.
Pensar en ciudades, no sólo en vivienda
Para el funcionario, la solución requiere adoptar una visión integral del territorio que trascienda la construcción de viviendas y contemple todos los elementos necesarios para el funcionamiento de una ciudad.
“No diría que debemos seguir hablando únicamente de vivienda. Hay que hablar de ciudad. Una ciudad requiere vivienda, pero también infraestructura, espacio público, actividad económica, áreas verdes, energía, comercio, empleo y servicios. Si entendemos la problemática territorial desde este enfoque, entonces dentro del mismo enfoque están también las soluciones”, dijo.
Finalmente, Iracheta destacó la necesidad de fortalecer el diálogo entre gobierno, iniciativa privada, sector financiero y sociedad civil para construir mecanismos que permitan aprovechar mejor el potencial del suelo urbano, reducir costos de desarrollo y generar ciudades más accesibles, competitivas y sostenibles para las próximas décadas.
