Por Fernanda Hernández
Si bien numerosos gobiernos han emitido prohibiciones a los desalojos, aún hay ciertos países donde continúan estas prácticas; lo cual afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, que viven en asentamientos informales y barrios marginales.
Estos desalojos y reubicaciones son una violación a los derechos fundamentales a una vivienda adecuada y la protección contra los desalojos forzosos; consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Además, ONU-Hábitat, el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, afirma que dichas prácticas también crean riesgos adicionales significativos en el contexto de la pandemia de Covid-19.
“Las reubicaciones y desalojos de residentes y comunidades durante la pandemia, particularmente de asentamientos informales, no solo violaría sus derechos fundamentales; sino que también podría exponerlos, a ellos y al resto de la población local, a una mayor amenaza frente al virus y otras infecciones”; señala.
Asimismo, los afectados son expuestos a la inseguridad y a la violencia; a la pérdida de ingresos y al acceso limitado a redes de seguridad socioeconómicas y servicios básicos, incluida la atención médica.
No a los desalojos forzosos
Por lo anterior, el organismo insta a gobiernos de todos los niveles a evitar desalojos y reubicaciones durante la crisis sanitaria; así como a tomar medidas inmediatas y sustanciales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todos; y satisfacer las necesidades básicas de las comunidades vulnerables.
En casos excepcionales, donde las reubicaciones o desalojos sean inevitables, ONU-Hábitat sugiere llevarlos a cabo de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos; así como con las leyes nacionales relevantes. Y se deben proporcionar las máximas protecciones posibles para garantizar la salud y seguridad de los afectados.
