Por Fernanda Hernández
De acuerdo con un análisis realizado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en México existen 650,000 viviendas en condiciones de abandono.
A través del Programa de Regeneración de Vivienda Abandonada, ambas dependencias buscarán recuperar 171,000 casas durante la presente administración. Dicho programa comenzó a operar el 22 de enero de 2020; con la firma del primer convenio de colaboración con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Ahora, ambas dependencias firmaron convenios con autoridades de los municipios de Mexicali y Tijuana, en Baja California; a fin de recuperar viviendas abandonadas y el entorno en el que se ubican.
“Lo que queremos no solo es recuperar un buen número de viviendas para que puedan comprarlas quienes menos tienen y más lo necesitan; sino regenerar el entorno donde están ubicadas para que se conviertan en un verdadero patrimonio de las familia. Y evitar, así, que el tema se convierta en lucro de unos cuantos mercaderes”, precisó Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit.
El directivo explicó que en Baja California existen 38,475 viviendas en situación de abandono; 90% de las cuales se encuentran ubicadas en los municipios de Mexicali y Tijuana, con 18,191 y 16,640, respectivamente; que podrían ser el hogar de 83,000 personas.
Por su parte, Carina Arvizu Machado, subsecretaria de la Sedatu, destacó que la firma del convenio facilitará la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno; para así corregir los errores del pasado y devolver el futuro a las ciudades mexicanas.
Recordó, además, que los municipios se atienden a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU); el cual incluye acciones de vivienda y de recuperación de espacios públicos.
“A través del ordenamiento territorial podemos lograr la pacificación del país; por eso estamos diseñando instrumentos que puedan ayudar a los municipios a renovar sus programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Queremos que estos nuevos instrumentos sean flexibles, adaptables. Tienen que ser planes con reglas claras y entendiendo que las personas deben de ser los transformadores de su entorno”, finalizó.
